En los últimos 15 años, el modelo extractivo se ha intensificado en América Latina. Minerías a cielo abierto, extracción de agua, gas natural e hidrocarburos, monocultivos y la construcción de infraestructura necesaria para transformar la materia prima (represas, parques eólicos, megacarreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos) han generado conflictos socioambientales con graves violaciones a los Derechos Humanos.
En este escenario, los procesos por la defensa del territorio han acrecentado su presencia. Grupos indígenas, afrodescendientes, campesinos, urbanos, de mujeres, jóvenes, además de organizaciones sociales y de base, estudiantes, abogadas y abogados, academia y otros sectores se han articulado para la defensa de los derechos ambientales, como el derecho a la tierra y el territorio, el derecho al agua, el derecho a la salud y alimentación, el derecho al trabajo, el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado. Estos procesos de defensa del territorio han conjugado procesos como la formación, capacitación y análisis sociopolítico, así como acciones públicas, marchas, plantones, entre otras.
En estos procesos, la participación de personas jóvenes y mujeres, sobre todo indígenas, campesinas, rurales y afrodescendientes, ha sido muy frecuente, sin embargo, aún requiere de mayor inclusión en la toma de decisiones, reconocimiento de sus aportes y liderazgos, ya que los impactos de los proyectos extractivos y riesgos en los procesos de defensa territoriales son diferenciados con respecto a los hombres adultos.
